Coyuntura

Argentina está entrando en una nueva fase del péndulo que oscila entre gobiernos que pueden denominarse de “expansionismo popular” y los que se identifican con la “ortodoxia neoliberal”. En este caso se trata de una versión de esta última corriente política cuyas propuestas asombran no sólo por sus reiterados fracasos pasados sino por sus extremas pretensiones fundantes de un orden social sin parangón en la historia comparada. Esta versión extrema de la ortodoxia neoliberal amenaza no sólo con profundizar aún más la crisis económica y social heredada sino incluso con provocar una crisis de integración social en el país. En este trabajo se analizan las primeras medidas y anuncios en materia económica del nuevo gobierno argentino. Más allá de todas las dudas que persisten, es claro que las acciones ya adoptadas y las que se anuncian traerán más incertidumbre, alteración descontrolada de precios relativos y tremendo impacto social en el país. Más que un programa de estabilización económica, las políticas del nuevo gobierno argentino parecen un programa de desestabilización social.

El presente artículo aborda, de modo preliminar, el proyecto de inversiones en mega-granjas porcinas impulsado desde febrero de 2020 por el gobierno argentino y capitales de origen chino en conjunto con grandes empresas privadas nacionales que actuarían como socias minoritarias. Desde una visión que concibe que el desarrollo debe ser compatible con la sostenibilidad de la vida, consideramos necesario que dicho proyecto sea regulado en función de los objetivos inherentes a una transición ecológica justa. En el artículo, caracterizamos brevemente el proyecto de mega-granjas porcinas, proponemos la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica por parte del Estado nacional que haga posible el análisis de sus impactos socioeconómicos y ambientales considerando la morfología de la actividad en nuestro país y proporcionamos evidencia relevante que avala a la agroecología integrada como técnica de producción apropiada para la promoción de la eficiencia socio-ambiental y la justicia distributiva.   

Frente a la pandemia del COVID19, los gobiernos de América Latina han definido estrategias de contención con medidas de distanciamiento social, confinamiento doméstico, cierre de instituciones educativas y de empresas consideradas no esenciales. El impacto económico y social es muy negativo al tiempo que ha puesto en evidencia las vulnerabilidades de la estructura social y los déficits de los sistemas de protección social en la región. En este escenario, crece el debate de propuestas inspiradas en la noción de ingreso ciudadano o renta básica. Sin embargo, una propuesta de este tipo está todavía lejos de concretarse, en tanto lo que prima es la preferencia por acciones temporales, sometidas a test de recursos y con alcances limitados tanto en cobertura como en suficiencia.Frente a la pandemia del COVID19, los gobiernos de América Latina han definido estrategias de contención con medidas de distanciamiento social, confinamiento doméstico, cierre de instituciones educativas y de empresas consideradas no esenciales. El impacto económico y social es muy negativo al tiempo que ha puesto en evidencia las vulnerabilidades de la estructura social y los déficits de los sistemas de protección social en la región. En este escenario, crece el debate de propuestas inspiradas en la noción de ingreso ciudadano o renta básica. Sin embargo, una propuesta de este tipo está todavía lejos de concretarse, en tanto lo que prima es la preferencia por acciones temporales, sometidas a test de recursos y con alcances limitados tanto en cobertura como en suficiencia.

Es innegable que la nueva ola de defensa de UBI (ingreso básico universal) que está sacudiendo a muchos países también ha llegado a Brasil. Sin embargo, no está claro que la crisis y las medidas adoptadas aumenten el apoyo a un verdadero UBI en Brasil. Este artículo analiza dos preocupaciones principales: i) ¿es un UBI la necesidad más urgente para los brasileños y es posible combinar esta política con otras políticas sociales universales que se necesitan con urgencia, como la atención médica pública, la educación pública, la vivienda social y el saneamiento adecuado?: Ii) ¿En qué medida respaldar un UBI fortalecería el sistema de seguridad social que ya está amenazado por las medidas de austeridad derivadas del límite al gasto público y por los intentos del gobierno de Bolsonaro de remodelarlo completamente a través de una reforma fiscal y la fusión de diferentes beneficios sociales que los restringen a los programas de alivio de la pobreza?