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Reformas judiciales, acceso a la justicia y género.

 

Dirección: Marcela V. Rodríguez
Investigación: Raquel Asencio, Mariana Álvarez, Romina Faerman, Patricia Rodríguez Bernal

El objetivo principal de este estudio se circunscribe a la búsqueda de los espacios de intersección –si los hubiere– entre las agendas y actores –tanto públicos como de la sociedad civil– que juegan funciones preponderantes en los ámbitos el servicio de administración de justicia y defensa de los derechos humanos, por un lado, y en la defensa de lo derechos de las mujeres, por otra parte; y a identificar la presencia o carencia de integración de una perspectiva de género en los procesos de reformas judiciales y en los organismos involucrados.

Esta investigación se restringirá principalmente a analizar si el enfoque de género ha logrado introducirse en las propias instituciones relacionadas con el sistema de acceso a la justicia y en los principales proyectos de reforma judicial, debido a limitaciones propias del trabajo propuesto. Se considera que esta categoría de inclusión/exclusión es una variable para medir avances en las posibilidades del acceso de las mueres a la justicia.

Desde distintas perspectivas, el derecho ha sido señalado como uno de los pilares discursivos en los que se asienta la organización del poder; el control social y el sistema de legitimidades en las sociedades modernas. El feminismo aportó la interpretación de cómo este control social legitimado institucionalmente se desarrolla en el marco de las relaciones sociales entre los géneros. El derecho regula los conflictos intergenéricos e intragenéricos, aun cuando esto no sea fácilmente perceptible y suela ocultarse tras una aparente neutralidad de las normas y de las prácticas, así como tras el concepto de equidad en la administración de justicia.

El derecho encubrió la imposición de un punto de vista masculino y la adopción del varón como paradigma del sujeto de derechos. Al adoptar este punto de vista, se refuerza el orden social y la distribución del poder imperante. Se considera que si se logra incluir el punto de vista de las mujeres, ello redundará en el diseño de instituciones y normas más inclusivas y equitativas.

Fragmentos del prólogo de Diana Maffia

"La investigación emprendida y expuesta en este texto viene a poner al descubierto la desconexión existente en nuestro país entre la exposiciones de motivos universales, los principios constitucionales que importan la inclusión de los tratados de derechos humanos (incluyendo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la aprobación de cuyo protocolo facultativo sólo recientemente permite su eficacia transnacional) y los programas específicos de justicia, de derechos humanos y aquellos que deberían garantizarla transversalidad de la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Lo hace con una mirada integral (que abarca mucho más que el sistema de administración de justicia) y un análisis focal, lo que le permite a la vez profundidad y amplitud teórica.

"La inclusión del análisis de género en la justicia no es sólo un ejemplo del alcance de estos compromisos en uno de los poderes del Estado. Es también la puesta al descubierto de la real capacidad que tenemos las mujeres –a través del acceso a la justicia– de hacer exigibles los derechos que nos amparan: la diferencia entre su mera enunciación y las condiciones efectivas de ejercicio. También revela la todavía incipiente capacidad de nuestras organizaciones de la sociedad civil para producir real incidencia en las políticas públicas de igualdad, e incluso para tomar conciencia de la importancia de hacerlo."

 

 

 


 

 

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